La Fiscalía capitalina presentó resultados actualizados sobre el despojo en CDMX, destacando aseguramientos, judicializaciones y nuevas rutas de atención.
La Fiscalía reporta avances en el despojo en CDMX, con más aseguramientos, judicializaciones y una estrategia renovada para atender conflictos por inmuebles.
El más reciente informe sobre el despojo en CDMX presentado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) marca un punto de inflexión en la atención de este delito y en la forma en que la institución aborda los conflictos relacionados con la posesión y propiedad de inmuebles. Durante el Informe Mensual de agosto 2026, la fiscal general Bertha Alcalde Luján expuso una radiografía detallada del fenómeno, los avances alcanzados y los retos que aún persisten en una ciudad donde las disputas por viviendas, departamentos, terrenos y espacios comunes se han convertido en un problema cotidiano.
La fiscal inició su presentación recordando que el despojo en CDMX es uno de los 12 delitos prioritarios incluidos en el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal 2026. Desde 2025, la institución ha reforzado su estrategia con una fiscalía especializada, equipos de investigación dedicados y una metodología de clasificación que permite distinguir con mayor precisión qué denuncias corresponden realmente a un despojo y cuáles derivan de conflictos civiles, vecinales o familiares. Esta diferenciación, explicó, es fundamental para evitar que casos no penales saturen las agencias del Ministerio Público y para garantizar que los despojos con violencia o con indicios claros reciban atención prioritaria.
Entre el 5 y el 23 de agosto de 2026, la Fiscalía recibió 214 denuncias relacionadas con posibles casos de despojo en CDMX. Sin embargo, solo una fracción corresponde a despojos en sentido estricto. La mayoría involucra disputas por arrendamiento, desacuerdos entre condóminos, conflictos sucesorios o restricciones de acceso impuestas por administraciones vecinales. Esta realidad, señaló la fiscal, evidencia la necesidad de orientar a la ciudadanía sobre qué situaciones constituyen realmente un delito y cuáles deben resolverse por vías civiles o administrativas.
La clasificación implementada por la Fiscalía contempla cuatro categorías principales. La primera corresponde a los despojos con violencia, donde se identifican amenazas, uso de armas, presencia de grupos delincuenciales o actos que ponen en riesgo la integridad de las víctimas. Estos casos requieren atención inmediata, medidas de protección y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La segunda categoría incluye los despojos sin violencia, donde la documentación preliminar y los hechos denunciados sugieren que existe un acto de despojo, aunque sin agresiones físicas. En estos casos, la Fiscalía se compromete a realizar aseguramientos en un plazo máximo de 15 días y judicializaciones en 30 días, siempre que existan elementos suficientes.
La tercera categoría corresponde a los casos en revisión. Aquí se agrupan denuncias donde no es posible determinar de inicio si existe un despojo, ya sea por falta de documentación, contradicciones entre las partes o porque se trata de conflictos que requieren análisis más profundo. La cuarta categoría incluye los casos que no constituyen despojo, sino otros conflictos civiles o administrativos. En estos supuestos, la Fiscalía orienta a las personas hacia las instancias correspondientes, como PROSOC, juzgados civiles o mecanismos alternativos de solución de controversias.
La fiscal detalló que muchos casos denunciados como despojo en CDMX no cumplen con los elementos del delito. Por ejemplo, cuando un arrendatario se niega a desocupar un inmueble tras concluir el contrato de arrendamiento, la vía correcta es una demanda civil y no una denuncia penal. Lo mismo ocurre con disputas por cajones de estacionamiento, conflictos entre vecinos por áreas comunes, desacuerdos entre hermanos por propiedades heredadas o restricciones de acceso impuestas por administraciones de edificios. En todos estos casos, la Fiscalía no puede intervenir penalmente, pues no existe un acto de despojo conforme al Código Penal.
A pesar de ello, la Fiscalía reportó avances concretos en la atención del despojo en CDMX. Entre el 5 y el 23 de agosto, se lograron 21 judicializaciones, 38 aseguramientos de inmuebles, 10 devoluciones y 27 acuerdos reparatorios. Además, 136 casos fueron derivados a MASC, donde facilitadores certificados ayudan a resolver disputas mediante sesiones voluntarias, imparciales y confidenciales. La fiscal destacó que esta vía es especialmente útil en casos donde las partes se conocen, como conflictos entre familiares, vecinos o personas que comparten espacios comunes.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias permiten que las partes dialoguen, expongan sus motivos y lleguen a acuerdos que resuelvan el conflicto de fondo. La mediación, explicó la fiscal, es voluntaria y confidencial. La información compartida en estas sesiones no puede utilizarse en un proceso penal, lo que garantiza que las partes puedan hablar con libertad. Además, los facilitadores están certificados para identificar las necesidades de cada persona y proponer alternativas que permitan resolver el conflicto sin necesidad de judicializarlo.
Denunciar un despojo en CDMX es posible las 24 horas en la Fiscalía Especializada ubicada en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores. También se puede acudir a fiscalías territoriales en zonas alejadas, aunque la recomendación es acudir directamente a la fiscalía especializada para agilizar el proceso. Documentos como escrituras, recibos de servicios, videos y datos de testigos aceleran la investigación, aunque la denuncia puede presentarse sin ellos. La fiscal reiteró que el compromiso institucional es lograr aseguramientos en menos de 15 días y judicializaciones en 30 días, siempre que existan elementos suficientes.
La fiscal también destacó la importancia de evitar abusos en la restitución de inmuebles. Para realizar un aseguramiento, explicó, es necesario contar con información suficiente que permita acreditar la posesión y evitar que un inmueble sea entregado a una persona que no tiene derecho sobre él. La institución está revisando casos anteriores para identificar retrasos, inconsistencias o situaciones que requieren intervención inmediata. Este esfuerzo busca fortalecer la confianza ciudadana en la Fiscalía y garantizar que la atención al despojo en CDMX sea más eficiente, transparente y justa.
Finalmente, la fiscal recordó que la Línea Directa de la Fiscal está disponible en el número 55 5345 5000 y que todos los martes, a las 4 de la tarde, se atienden casos en la explanada del Zócalo Ciudadano. En estas mesas participan equipos del Gabinete de Despojos, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad, lo que permite atender denuncias recientes y casos del pasado que requieren seguimiento.
Con esta estrategia integral, la Fiscalía capitalina busca transformar la atención del despojo en CDMX, diferenciando delitos reales de conflictos civiles, fortaleciendo la investigación y ofreciendo alternativas de mediación para resolver disputas de manera más rápida y efectiva. El objetivo es claro: menos impunidad, más justicia y una atención más cercana a las necesidades de la ciudadanía.
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