Fiscalía CDMX logra vinculación a proceso de dos personas por extorsión agravada

Los imputados habrían recibido depósitos bancarios relacionados con amenazas contra un comerciante

La extorsión agravada continúa siendo uno de los delitos que las autoridades capitalinas buscan combatir mediante labores de inteligencia e investigación. En este contexto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó la aprehensión y posterior vinculación a proceso de Miguel “N” y Angélica “N”, señalados por su probable participación en un caso de extorsión agravada cometido en perjuicio de un comerciante.

De acuerdo con la información difundida por la institución, la investigación permitió establecer la posible relación de ambas personas con depósitos bancarios realizados por la víctima tras recibir amenazas dirigidas contra su integridad y la de sus familiares.

 Investigación inició tras la denuncia de un comerciante

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2025, cuando un comerciante recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como “El Diablo”.

Durante la comunicación, el sujeto presuntamente exigió la entrega de 300 mil pesos bajo el argumento de una supuesta “promesa de vida”. Asimismo, habría amenazado con causar daño a familiares de la víctima en caso de incumplir con la exigencia económica.

Posteriormente, el denunciante recibió mensajes acompañados de fotografías de su establecimiento comercial, con la intención de hacerle creer que estaba siendo vigilado. Además, se le habrían proporcionado instrucciones para realizar depósitos bancarios.

Ante la presión generada por las amenazas, la víctima efectuó dos depósitos que sumaron 50 mil pesos. De acuerdo con la Fiscalía CDMX, uno de los movimientos fue por 5 mil pesos a una cuenta registrada a nombre de Angélica “N”, mientras que otro depósito por 45 mil pesos fue dirigido a una cuenta a nombre de Miguel “N”.

 Análisis financiero y digital permitió identificar a los imputados

Tras la denuncia presentada por la víctima, el Ministerio Público coordinó diversos actos de investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de las personas involucradas.

 Trabajo especializado de investigación

La Fiscalía capitalina informó que entre las diligencias realizadas se incluyeron análisis de información digital y financiera, dictámenes periciales y otras acciones ministeriales.

Como resultado de estos trabajos, las autoridades reunieron datos que permitieron solicitar y obtener órdenes de aprehensión en contra de Miguel “N” y Angélica “N”, quienes son investigados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

 Operativo de la PDI permitió ejecutar las órdenes de aprehensión

Una vez emitidos los mandamientos judiciales, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desarrollaron labores de seguimiento técnico, localización y verificación de información para ubicar a los imputados.

La Fiscalía CDMX detalló que el 9 de julio de 2026 se desplegó un operativo en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, donde fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión.

Tras su captura, Miguel “N” y Angélica “N” fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso legal.

 Juez dicta vinculación a proceso y prisión preventiva

Durante una audiencia celebrada el 10 de julio de 2026, la representación social presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba obtenidos durante la investigación.

Con base en los elementos expuestos, el órgano jurisdiccional determinó vincular a proceso a ambos imputados por el delito de extorsión agravada.

Además, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina señaló que continuará desarrollando acciones de inteligencia e investigación para combatir este delito y llevar ante la justicia a quienes participen en conductas que afecten el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, la institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en este caso deben considerarse inocentes mientras no exista una sentencia firme emitida por la autoridad jurisdiccional competente.